El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, condenó a Francisco Alexander Gaete Gaete a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito de robo con violencia. El ilícito fue perpetrado en octubre pasado, en la ciudad. El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la tarde del 4 de octubre de 2017, la víctima que previamente había puesto a la venta su teléfono celular en una pági na de internet (Facebook), quedó de juntarse con un supuesto comprador en un servicentro del sector de la avenida Cancha Rayada. Una vez en el lugar convenido, se encontró con el acusado con quien se dirigió hacia un condominio ubicado en la esquina de calles París y Marsella. En el lugar, el condenado le pidió el teléfono y al tenerlo en su poder insultó a la víctima, le lanzó una piedra y huyó con la especie en su poder.

Un total de 44 kilos y 660 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 46 contenedores, más dos vehículos, fue el total de lo incautado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) luego de una extensa investigación que culminó con la detención de tres chilenos y un ciudadano peruano.

Se trató de una amplia investigación que se viene desarrollando desde hace seis meses con la Fiscalía y culminó con la detención de parte de este grupo criminal realizada en la localidad de Cuya.

El jefe regional de la PDI, Prefecto Inspector Leonardo Torres, explicó que esta oportunidad, la droga ingresó a través del paso Chacalluta, sin embargo, el grupo investigativo siguió monitoreando a los miembros de esta organización criminal siendo detenidos en la localidad de Cuya. La droga tenía como destino final la Región Metropolitana, donde pretendía ser distribuida y comercializada, destacó el jefe policial.

El avalúo de esta droga, en caso de haberse logrado su comercialización, supera la cifra de 170 millones de pesos.

Hasta el Cuartel Belén de la PDI concurrió ayer la intendenta (s) Mirtha Arancibia, para reunirse con el Jefe Regional y el jefe de la Brianco, comisario Javier Valenzuela.

Alejandra Solis Araya

No alcanzó ni a estar un mes en libertad un hombre y volvió a la cárcel de Acha tras ser detenido por Carabineros portando un cuchillo y una munición de 9 mm.

Ayer, el imputado Rodrigo Cáceres Valdenegro de 41 años estuvo sentado en el banquillo de los acusados en el Tribunal de Garantía y al consutarle la jueza Paulina Zúñiga el número de su cédula de identidad, este le señaló que no lo sabía, con la explicación que la semana recién pasada fue a solicitar su cédula, ya que estuvo 13 años privado de libertad en el penal.

Los hechos

Según los antecedentes expuestos por el fiscal Luis Soriano, los hechos se registraron a las 8 de la mañana, cuando el imputado ingresó a un local de comida rápida, ubicado en Diego Portales, cerca del Terminal Internacional y pidió un sandwich y un café para tomar desayuno, pero al solicitar la garzona que pagara la cuenta, este se negó, manifestando que no tenía dinero y que primero tenía que ir a vender unas zapatillas para luego sacar un cuchillo, el cual dejó arriba de la mesa.

La dueña del local de 58 años, llamó a Carabineros, quienes llegaron de inmediato, encontrando al sujeto al interior del local. El fiscal expuso que los uniformados revisaron el banano que portaba el imputado, encontrando en su interior un cuchillo tipo corta pluma y un cartucho 9 mm, del que no pudo acreditar el porte y tampoco si contaba con el permiso correspondiente. Por tal situación, Carabineros de la Tercera Comisaría procedió a su detención.

Formalización

El imputado fue formalizado por el delito de porte de arma blanca y porte ilegal de munición bajo la Ley sobre Control de Armas. El persecutor solicitó la prisión preventiva con el argumento que el imputado cumplió una condena de 13 años por tres robos en lugar habitado. Además informó que la munición incautada está siendo periciada por Carabineros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) para establecer si está o no apta para el disparo.

Defensa

El defensor público Camilo Valle, se opuso a la medida cautelar con el argumento que su representado le manifestó una versión distinta de los hechos expuestos en la audiencia, y que además la fiscalía no puede solicitar una medida tan gravosa como la prisión preventiva por registrar su representado una condena. Además expuso que el porte de arma y munición no tienen una pena de crimen por lo que podría acceder a otra cautelar.

A la cárcel

La magistrada Paulina Zúñiga no acogió la tesis de la defensa; primero argumentó que la nueva ley de Control de Armas establece que este tipo de delitos se debe cumplir con pena efectiva, por lo que accedió a la petición de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva. El hombre fue enviado al centro penitenciario de Acha, nuevamente, pero ahora estará en la sección de imputados. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

En tanto el imputado, en el momento que tenía que abandonar la sala, gritó que no hizo nada que solo estaba esperando un bus para ir ver a su mamá.