Casi tres años lleva el juicio que un grupo inicial de 707 ariqueños realizan con apoyo de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y la ONG estadounidense Eviromental Defender Law Center (EDLC) en contra de la empresa sueca Boliden, la cual ordenó a Promel que se encargara de sus desperdicios en Arica. El número de demandantes subió a 825 y se han presentado cientos de pruebas en el caso aceptado por el juzgado de Skelleftea en Suecia y que busca un reconocimiento e indemnización para quienes han sufrido consecuencias en su salud por la exposición a polimetales.

Declaración de testigos

El antropólogo Rodrigo Pino, quien es uno de los cinco testigos del caso, dijo que tanto los abogados de Chile como los de Estados Unidos estiman que a final del año "quizás haya una sentencia definitiva". Ahora el caso está en la presentación en la declaración de testigos, los cuales son cinco: el alcalde Salvador Urrutia por realizar la denuncia del caso cuando era diputado en 1997, un químico de la universidad Tarapacá que realizó las muestras en el mismo año, dos ex trabajadores de Promel y Rodrigo Pino, antropólogo quien ha investigado el tema por 11 años.

Boliden se objetó

La empresa sueca desde el principio del juicio ha dicho que no se hace responsable de las víctimas afectadas por polimetales. En su página web cuentan con una declaración con fecha 20 de enero de 2014 que dice que "Boliden Mineral piensa que las acusaciones carecen de fundamento y se oponen a reclamos. Boliden Mineral no ha actuado negligentemente en relación con las ventas a Promel por lo que es imposible que Boliden Mineral pudiera predecir consecuencias posteriores de esos eventos. Por otra parte, sería improbable que los residuos metálicos entregados por Boliden Mineral sean la causa de los niveles incrementados de arsénico en los 707 individuos particulares". Tras esta declaración entrega una serie de datos con los que se desliga de su responsabilidad con los residuos, como por ejemplo diciendo que entre 1984 y 1985, representantes de Boliden visitaron las instalaciones de Promel y "estaba muy bien situado, tanto geográfica y climáticamente, para minimizar cualquier riesgo de medio ambiente y la salud. Promel había obtenido todos los permisos requeridos por las autoridades chilenas". La empresa ha seguido su defensa con cuestionamientos. Rodrigo Pino dijo que la empresa demandada objetó a 50 demandados porque había una incoherencia entre el domicilio y las fechas de toma de muestra de arsénico, se hizo la rectificación y la empresa insiste en el caso de 6 demandantes y por eso las estamos buscando".

Francisco Ferrada, abogado en Fima, dijo que Boliden mandó los desechos sin tomar providencia respecto a la empresa receptora (Promel) y su capacidad técnica para tratar el material, "además nunca pidieron ninguna comprobación de que efectivamente el material pasó por tratamiento".

La Fiscalía del Medio Ambiente en febrero de 2015, tras un procedimiento sancionatorio a los proyectos "Explotación Mina Salamanqueja" y "Planta de Cátodos Pampa Camarones" de la minera, la SMA multó a la empresa por 12 infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), vinculadas al resguardo del componente arqueológico; la no implementación de medidas impuestas en la RCA respecto al patrimonio arqueológico y a la fauna del sector; y mal manejo de residuos peligrosos; entre otros.

El Tribunal Ambiental de Santiago rechazó, por mayoría, las reclamaciones presentadas por Pampa Camarones S.A. en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), confirmando con ello la multa de 3.757 UTA aplicada al proyecto minero por una serie de incumplimientos ambientales.

Incumplimiento RCA

A juicio del Tribunal, Pampa Camarones S.A. "puso efectivamente en peligro los bienes jurídicos protegidos cada vez que incumplió las medidas contenidas en la RCA" y "actuó queriendo hacerlo, esto es, con dolo, debido a la especial situación en la que se encontraba, pues conocía las medidas a las que se encontraba obligado, la manera de cumplir con ellas y el curso de su conducta".

El análisis del Tribunal concluyó que la SMA configuró correctamente las infracciones cometidas por la minera en relación a la intervención de los sitios Salamanqueja 12-13 y aquellas asociadas a la construcción de la plataforma de lavado de camiones.

También desestimó las alegaciones de Pampa Camarones asociadas a la clasificación de las infracciones realizada por la Superintendencia; confirmando como gravísima la intervención de los sitios Salamanqueja 12-13, y como grave la entrega tardía de los Planes de monitoreo y de contingencia arqueológica, y no contar con el plan de seguimiento de fauna silvestre.

Problemas económicos

Esto se suma a los problemas económicos que presenta la empresa Pampa Camarones, la cual se ha traspasado a las empresas externas o contratistas que trabajan con la minera.

La empresa contratista Allpa, prestaba servicios a la minera con cerca de 200 trabajadores, quienes llevan más de seis meses sin que le paguen sus cotizaciones y desde marzo no reciben sus sueldos.

750 Puestos de trabajo, directos e indirectos genera la empresa minera aproximadamente.

Alrededor de 200 paneles fotovoltaicos solares, que permitirán alimentar con energía los sistemas de riego de 14 proyectos, ya comienzan a instalarse en los valles de Arica y Camarones, financiados con cargo al Programa de Riego Intrapredial, PRI, de Indap.

Las estructuras tienen un costo superior a los $97 millones y están ubicadas en las localidades de Camarones, Codpa y Chaca-Vítor; además de los valles de Azapa y Lluta.

Los proyectos fueron presentados en el marco del Proceso de Operación Temprana 2016 que en total benefició a cerca de 200 pequeños agricultores de toda la Región.